El proyecto, que entra esta semana en la Asamblea Nacional, prevé una distribución más equitativa del espacio radioeléctrico entre el Estado, las empresas privadas de comunicación y los sectores comunitarios. Surgió desde el oficialismo.
A pesar de la enfermedad de Hugo Chávez, Venezuela celebra este mes su Bicentenario con una ley muy esperada por el pueblo bolivariano. Se trata del proyecto de ley de medios comunitarios, Alternativos y de la Comunicación Popular, el cual prevé una distribución más equitativa del espacio radioeléctrico, entre el Estado, las empresas privadas de comunicación y los sectores comunitarios alternativos. El artículo que explica la ley propone que se logre un equilibrio de la explotación en un porcentaje igual en cada sector, 33 por ciento para cada participante, y la difusión de una comunicación liberadora, según dice el informe.
El proyecto, que ingresa en el Parlamento esta semana, apunta a reforzar y actualizar la regulación jurídica de la Comunicación Comunitaria Alternativa ya que, según el documento, es difusa y contradictoria.
Para la elaboración del anteproyecto se desarrollaron 14 encuentros regionales para debatir una ley que garantice al pueblo los instrumentos para ejercer el derecho a la comunicación. El proyecto surge por iniciativa popular y fue tomado como causa estatal por parte de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Popular, Blanca Eekhout.
Esta democratización surge ante una demanda que data del intento de golpe de Estado en 2002, ante la creciente cantidad de radios –en su mayor medida– y medios de comunicación alternativos que comenzaron a proliferar en territorio bolivariano. En el documento que consigna la elaboración de la ley, se denuncia que durante aquellas 48 horas de abril, las corporaciones gráficas, radiales, televisivas y una empresa de telefonía celular bloquearon la circulación de información de los medios alternativos que denunciaban la inconstitucionalidad. En diálogo con Página/12, el periodista y diputado por el Parlamento latinoamericano capítulo Venezuela, Roy Daza dijo que esta ley ya tiene mucho tiempo político en el país. “El 12 de abril de 2002 no hay una intentona de golpe, sino que hay un golpe. Desde ese momento, esos medios sirvieron como punta de lanza de las fuerzas que pretendían derrocar la fuerza venezolana”, afirmó el diputado. Todo nuevo aire de cambio supone una reacción instantánea por parte de sectores dominantes que no están dispuestos a perder lo que siempre dieron por hecho que era de su poder.
“La aplicación de la ley tendrá dos reacciones: una positiva que será la regularización y normalización de la forma jurídica de una realidad de Venezuela, las radios comunitarias o alternativas que existen desde hace muchos años. En los últimos tiempos han crecido de forma explosiva. Por lo que vamos hacia la regularización y legalización de esa actividad. En segundo lugar, habrá una reacción muy dura de la Sociedad Interamericana de Prensa y de algunos medios de comunicación de Venezuela”, explica Daza. Jesús Suárez pertenece al colectivo de Catia Tevé, una emisora sin fines de lucro de Caracas. Junto con otros medios independientes apoyan el gobierno socialista y forman parte de la amplia franja de la sociedad que demanda la aplicación de la ley. “Se trata de un proceso que legaliza espacios clandestinos. Hay diversas leyes que nos atañen como medios alternativos, pero no tienen la visión como tales. Impulsamos una construcción para aglutinar espacios y tener una visión de una comunicación diferente”, asegura Suárez. “Esta idea de recurso y tecnología sin fines de lucro habla de una reconstrucción de la cultura y del reimpulso de nuevas formas que se van creando de acuerdo con los nuevos tiempos. Son medios que contribuyen a lo social, sería ilógico que en un proyecto revolucionario para llegar al socialismo esos medios no puedan aportar a la formación”, destaca Suárez. Para el integrante de Catia Tevé, la ley se convierte en una necesidad imperiosa cuando hay legalizadas 300 radios y 37 televisoras a nivel nacional, pero en lo comercial ocho canales tienen más del 70 por ciento y el Estado, que tiene siete canales, tiene un 10 por ciento del espectro radioeléctrico.
Se espera que luego de su paso por el Parlamento, la ley entre en vigencia en el último tramo de 2011.
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