Bélgica aprobó la ley antibuitre

Una ley contra los abusos de los buitres

La iniciativa aprobada por mayoría tomó en consideración el caso argentino. Establece que en Bélgica los inversores no podrán reclamar más que el valor inicialmente pagado por la compra de un título en caso de default.

El Parlamento belga convirtió ayer en ley un proyecto para frenar a los fondos buitre. La iniciativa prohíbe que éstos reclamen ante los tribunales de ese país más que el precio inicialmente pagado por el título que hayan adquirido. De esta manera, los emisores de deuda quedarán resguardados ante una sentencia como la impartida por el juez Thomas Griesa en Estados Unidos en detrimento de la Argentina. El impulsor de la norma fue el diputado Ahmed Laaouej. “La ley otorgará nuevas armas a la Justicia belga para dar una mejor lucha contra las prácticas inmorales de los buitres, lo que yo llamo el abuso de una debilidad económica. La norma es una fuerte señal para aquellos fondos de inversión sin escrúpulos que especulan de manera innoble con los países con dificultades”, sostuvo el parlamentario luego de la votación, que contó con el apoyo mayoritario del Congreso belga.

“La Justicia podrá dar una mejor lucha contra prácticas inmorales”, destacó el legislador Laaouej.

Imagen: EFE

 

Según la nueva ley, aprobada por los diputados de nueve de las principales formaciones políticas del reino, los jueces belgas podrán determinar si un fondo puede ser considerado “buitre”. Una vez determinada esta situación, los magistrados podrán discernir si los demandantes están radicados en un paraíso fiscal y la situación del país sobre el que recae el reclamo. Estos elementos permitirán definir al magistrado actuante que ese fondo buitre solamente podrá iniciar acciones legales por el precio inicialmente pagado por su obligación de compra y no por su valor nominal. El principal negocio de los buitres es comprar bonos depreciados y luego reclamar por la totalidad del papel.

“A pesar de las fuertes presiones de varios grupos nacionales e internacionales, ésta fue una victoria contra los buitres de las finanzas. Estas presiones eran de los representantes de las finanzas estadounidenses y de bufetes de abogados con negocios presentes en Europa que defienden los intereses de algunos clientes, los fondos buitre”, sostuvo Laaouej.

Al mismo tiempo en que inició el debate parlamentario en la Comisión de Finanzas del Congreso belga, el Fondo NML Capital, propiedad de Paul Singer, logró embargar algunas cuentas de la embajada argentina en Bruselas. Laaouej sostiene que no fue casualidad que Paul Singer decidiera avanzar en ese país, sino todo lo contrario. “Coincidencia o no, la noticia demuestra la relevancia de nuestro proyecto de ley, que tiene por objetivo regular y limitar las demandas judiciales de estos fondos. La situación nos lleva a reaccionar con rapidez”, respondió el parlamentario belga ante un reportaje de Página/12 publicado el 9 de mayo pasado.

Las autoridades argentinas también apoyaron el proceso belga. El canciller Héctor Timerman estuvo en Bruselas en mayo para participar de una conferencia sobre “el proceso de desendeudamiento argentino y el accionar contra los fondos buitre a nivel global”, que sirvió de plafond político para los diputados belgas.

Otro de los ejes centrales de la normativa aprobada ayer es que los jueces tendrán la posibilidad de denegar la ejecución de una resolución judicial dictada en el extranjero. Esto barre con las disposiciones de los tratados bilaterales de inversión firmados en la década del ’90, los cuales contenían una fuerte delegación de jurisdicción.

La normativa belga no está alejada del debate que se está desarrollando en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para encontrar mecanismos internacionales de reestructuración de deuda, que funcionen como un blindaje para los países en contra de los grupos especulativos.

“Bélgica quiere desempeñar un papel pionero en la lucha contra los fondos buitre. En nuestro territorio está albergada, por ejemplo, la caja compensadora financiera Euroclear, a través de la cual se cursa gran parte de las transacciones financieras mundiales. Vale recordar que en marzo un juez estadounidense ordenó a Euroclear no procesar los pagos de la deuda reestructurada de la Argentina hasta que el país no cumpliera con la sentencia a favor del fondo NML. Por lo tanto, está claro que se trata de una cuestión esencial para muchos países”, reflexionó Laaouej.

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A la cama sin cenar



Por Tomás Lukin
La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió el fallo del juez Griesa, que establecía que había que pagar 1330 millones el 15 de diciembre. Se evita el default técnico y el Gobierno podrá hacer frente sin inconvenientes a los próximos pagos de deuda.

El tribunal reinsertó la medida cautelar de no innovar hasta que el proceso de apelaciones finalice. El cronograma de presentaciones concluye el 27 de febrero. El Gobierno podrá hacer frente a los próximos pagos de deuda sin inconvenientes.
 

La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió ayer la decisión del juez Thomas Griesa que había ordenado pagarles a los fondos buitre el ciento por ciento de sus bonos más los intereses acumulados en un pago en efectivo el 15 de diciembre. La respuesta favorable a un pedido realizado el lunes por Argentina no resuelve la cuestión de fondo de la puja legal con los buitres, donde la Cámara ya determinó que el país debe pagar aunque no precisó cómo ni cuánto, sino que reinserta la medida cautelar de no innovar hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar. Esa decisión permite al Gobierno hacer frente a los vencimientos de deuda de diciembre, alrededor de 4100 millones de dólares, sin ningún inconveniente técnico, ya que también queda sin efecto la orden de Griesa al Banco de Nueva York para que no canalice los pagos de intereses si el país no depositaba 1330 millones de dólares en una cuenta de garantía. La Cámara de Apelaciones dispuso un cronograma para la presentación de argumentos de Argentina, los buitres y también terceras partes involucradas que, defendiendo sus intereses, respaldan la posición del país. Ese proceso concluye el 27 de febrero. A partir de esa fecha, los jueces deberán fallar. La última vez, la Cámara demoró cerca de seis meses en tomar una decisión.

La noticia generó alivio y satisfacción en el equipo económico que encabeza Hernán Lorenzino. La medida suspendió las órdenes de Griesa despejando la posibilidad de un “default técnico” por no poder pagar en “tiempo y forma” los próximos vencimientos de la deuda y permite ganar tiempo en la discusión sobre el fondo de la cuestión. A su vez, los magistrados aceptaron el pedido de bonistas que ingresaron al canje para ser considerados parte no interesada en el caso (ver aparte), y dejaron abierta la posibilidad para que el Banco de Nueva York –agente de pago de la deuda–, las casas de clearing, los depositarios de títulos y la Reserva Federal presenten sus propios argumentos y posiciones.
A partir del 28 de diciembre, próxima fecha para que el país eleve sus argumentos, la posición oficial cuestionará la interpretación de la cláusula de tratamiento igualitario (pari passu, en latín) según la cual Griesa dispuso que los buitres deben cobrar la totalidad de sus bonos más intereses acumulados desde 2005, algo imposibilitado por la legislación argentina. También señalará la existencia de serios riesgos para el sistema financiero de Nueva York y futuros procesos de reestructuración de aplicar esa fórmula de pago.
Además, la posición oficial volverá a insistir, como señaló el lunes en el pedido de suspensión a la Cámara, que una fórmula que trate a los buitres y a los bonistas que ingresaron a la reestructuración en los mismos términos que Argentina ofreció durante el segundo canje en 2010 sería “un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”.
El objetivo de esa jugada no es enviar al Parlamento una iniciativa antes de fin de año, ese paso carecería de sentido ya que la naturaleza de los buitres es litigar: “Los buitres no participaron del proceso de reestructuración, sería raro que voluntariamente ingresen a un canje. No son acreedores, son especuladores que apuestan a la quiebra del país”, afirmó ayer el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Desde el equipo de Lorenzino explicaron a Página/12 que el “guiño” fortalece la línea argumental del Gobierno y sostienen que esa posibilidad sólo se pondría en marcha si, en su próximo fallo, los jueces indican a los buitres que deben ingresar a un canje para cobrar. En ese caso se podría enviar al Congreso una propuesta que suspenda la ley Cerrojo y abra una tercera oferta para que ingresen todos aquellos que no participaron. El proceso de reestructuración implicó una quita cercana al 70 por ciento, la reducción de los intereses y la extensión de los plazos hasta 2038, un esfuerzo que los buitres no están dispuestos a hacer. En total reestructuraron sus bonos el 92,4 por ciento del total. El resto supone un valor nominal de 3600 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, de este total, el 8,3 por ciento –cerca de 300 millones– se encuentra en manos de residentes estadounidenses y el resto está en manos de fondos buitre. La re-reapertura del canje incluiría una cláusula para exigir que ingresen todos los tenedores de bonos en default.
En el Palacio de Hacienda entienden que, incluso en el escenario de máxima donde la Justicia de Estados Unidos dispone que el pago a los buitres debe ser en idénticas condiciones a las del canje 2010, es improbable que los fondos especulativos elijan participar de una operación renunciando a la posibilidad de litigar y embargar activos argentinos alrededor del mundo. No obstante, consideran que esa decisión de la Cámara de Apelaciones sentaría una valiosa jurisprudencia para el país e incluso para futuros procesos de reestructuración de deuda. Si, en cambio, la Cámara determina una fórmula de pago que beneficia a los buitres en detrimento del 92,4 por ciento de los acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, Argentina ya anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Además, el país solicitó ante la Cámara de Apelaciones una revisión del fallo con sus trece miembros.

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