Trashumancia

Por el uso ancestral
Por Darío Aranda

Una jueza determinó que un grupo indígena en Neuquén tiene derechos sobre un territorio a pesar de que un empresario posee el título de propiedad del lugar. Y negó el desalojo.

Un fallo de la Justicia de Neuquén determinó que la comunidad mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo tiene derechos sobre un territorio de veranada (que utilizan en primavera y verano), rechazó el pedido de desalojo realizado por un empresario (a pesar de que éste posee título de propiedad) y confirmó la supremacía de la legislación indígena por sobre el derecho privado. Es el primer fallo favorable a una comunidad indígena respecto de la práctica ancestral de trashumancia (trasladarse con los animales a distintas zona según la época del año). Comunidades mapuches y organizaciones campesinas exigen el cumplimiento de la legislación indígena y la sanción de una “ley integral de tierras” que contemple la trashumancia, un reordenamiento territorial y la función social de la tierra.

La trashumancia es una práctica ancestral que consiste en permanecer en tierras bajas durante el invierno y trasladarse (con los animales) a regiones altas, de mejores pasturas, en el verano (tierras de veranada). Cuando el otoño se aproxima, se vuelve a los campos de invernada y se reanuda el ciclo. El traslado puede durar hasta semanas. En el norte neuquino se multiplicaron en la última década los conflictos por tierras de veranada e invernada, y también por los caminos de arreo. Con el corrimiento del monocultivo de árboles hacia el norte neuquino, y con el avance de estancieros, campesinos y mapuches vieron cerrados los históricos caminos por donde circulaban cada verano y alambrados los ancestrales campos de veranada.

La comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió en enero de 2009 la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y, como todos los años, se instaló en el lugar con sus animales. El estanciero Pedro Duarte demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad (porque ésta no poseía personería jurídica).

El 9 de noviembre, la jueza de Zapala Gloria Martina rechazó el pedido de Duarte de recobrar la posesión del territorio, remarcó que la tierra de veranada se trataba de “posesión tradicional indígena” y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional y de Neuquén). “Concluyo en que la posesión ejercida por la comunidad mapuche merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas. Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado. Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de estos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica el fallo.

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que patrocinó a la comunidad mapuche, remarcó que la sentencia “es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en los que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas”.

El fallo de la jueza Martina afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscripto en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad indígena (es un derecho, no una obligación), recuerda la vigencia de la ley 26.160 (suspensión de desalojos) y reconoce la legitimidad de la posesión indígena sobre las tierras. “No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional”, sentencia la jueza de Zapala.

El denunciante, Pedro Duarte, es una persona pública en Neuquén. “Asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. Es conocido por sus sistemáticos rechazos a los hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como ‘colaborador’ de la dictadura militar. Gracias a esas influencias se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)”, denunció el Odhpi en su comunicado.

El caso de la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo no es una excepción. La comunidad mapuche Mañke, la Cooperativa Campesina y la Mesa Campesina de Loncopué actúan en conjunto para exigir que se respeten las “huellas de arreos” y los campos de veranada e invernada. Exigen, junto a otras comunidades, que la provincia tenga presente su opinión en la sanción de una “ley integral” de tierras. “La discusión sobre los callejones de arreo no puede ser pensada sin tener en cuenta el verdadero problema de fondo, la distribución, tenencia y uso de la tierra en Neuquén y la soberanía sobre los recursos naturales y bienes comunitarios”, remarcó Cintia Galetto, de la Cooperativa Campesina.

Fuente: Página/12

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A la cama sin cenar



Por Tomás Lukin
La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió el fallo del juez Griesa, que establecía que había que pagar 1330 millones el 15 de diciembre. Se evita el default técnico y el Gobierno podrá hacer frente sin inconvenientes a los próximos pagos de deuda.

El tribunal reinsertó la medida cautelar de no innovar hasta que el proceso de apelaciones finalice. El cronograma de presentaciones concluye el 27 de febrero. El Gobierno podrá hacer frente a los próximos pagos de deuda sin inconvenientes.
 

La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió ayer la decisión del juez Thomas Griesa que había ordenado pagarles a los fondos buitre el ciento por ciento de sus bonos más los intereses acumulados en un pago en efectivo el 15 de diciembre. La respuesta favorable a un pedido realizado el lunes por Argentina no resuelve la cuestión de fondo de la puja legal con los buitres, donde la Cámara ya determinó que el país debe pagar aunque no precisó cómo ni cuánto, sino que reinserta la medida cautelar de no innovar hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar. Esa decisión permite al Gobierno hacer frente a los vencimientos de deuda de diciembre, alrededor de 4100 millones de dólares, sin ningún inconveniente técnico, ya que también queda sin efecto la orden de Griesa al Banco de Nueva York para que no canalice los pagos de intereses si el país no depositaba 1330 millones de dólares en una cuenta de garantía. La Cámara de Apelaciones dispuso un cronograma para la presentación de argumentos de Argentina, los buitres y también terceras partes involucradas que, defendiendo sus intereses, respaldan la posición del país. Ese proceso concluye el 27 de febrero. A partir de esa fecha, los jueces deberán fallar. La última vez, la Cámara demoró cerca de seis meses en tomar una decisión.

La noticia generó alivio y satisfacción en el equipo económico que encabeza Hernán Lorenzino. La medida suspendió las órdenes de Griesa despejando la posibilidad de un “default técnico” por no poder pagar en “tiempo y forma” los próximos vencimientos de la deuda y permite ganar tiempo en la discusión sobre el fondo de la cuestión. A su vez, los magistrados aceptaron el pedido de bonistas que ingresaron al canje para ser considerados parte no interesada en el caso (ver aparte), y dejaron abierta la posibilidad para que el Banco de Nueva York –agente de pago de la deuda–, las casas de clearing, los depositarios de títulos y la Reserva Federal presenten sus propios argumentos y posiciones.
A partir del 28 de diciembre, próxima fecha para que el país eleve sus argumentos, la posición oficial cuestionará la interpretación de la cláusula de tratamiento igualitario (pari passu, en latín) según la cual Griesa dispuso que los buitres deben cobrar la totalidad de sus bonos más intereses acumulados desde 2005, algo imposibilitado por la legislación argentina. También señalará la existencia de serios riesgos para el sistema financiero de Nueva York y futuros procesos de reestructuración de aplicar esa fórmula de pago.
Además, la posición oficial volverá a insistir, como señaló el lunes en el pedido de suspensión a la Cámara, que una fórmula que trate a los buitres y a los bonistas que ingresaron a la reestructuración en los mismos términos que Argentina ofreció durante el segundo canje en 2010 sería “un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”.
El objetivo de esa jugada no es enviar al Parlamento una iniciativa antes de fin de año, ese paso carecería de sentido ya que la naturaleza de los buitres es litigar: “Los buitres no participaron del proceso de reestructuración, sería raro que voluntariamente ingresen a un canje. No son acreedores, son especuladores que apuestan a la quiebra del país”, afirmó ayer el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Desde el equipo de Lorenzino explicaron a Página/12 que el “guiño” fortalece la línea argumental del Gobierno y sostienen que esa posibilidad sólo se pondría en marcha si, en su próximo fallo, los jueces indican a los buitres que deben ingresar a un canje para cobrar. En ese caso se podría enviar al Congreso una propuesta que suspenda la ley Cerrojo y abra una tercera oferta para que ingresen todos aquellos que no participaron. El proceso de reestructuración implicó una quita cercana al 70 por ciento, la reducción de los intereses y la extensión de los plazos hasta 2038, un esfuerzo que los buitres no están dispuestos a hacer. En total reestructuraron sus bonos el 92,4 por ciento del total. El resto supone un valor nominal de 3600 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, de este total, el 8,3 por ciento –cerca de 300 millones– se encuentra en manos de residentes estadounidenses y el resto está en manos de fondos buitre. La re-reapertura del canje incluiría una cláusula para exigir que ingresen todos los tenedores de bonos en default.
En el Palacio de Hacienda entienden que, incluso en el escenario de máxima donde la Justicia de Estados Unidos dispone que el pago a los buitres debe ser en idénticas condiciones a las del canje 2010, es improbable que los fondos especulativos elijan participar de una operación renunciando a la posibilidad de litigar y embargar activos argentinos alrededor del mundo. No obstante, consideran que esa decisión de la Cámara de Apelaciones sentaría una valiosa jurisprudencia para el país e incluso para futuros procesos de reestructuración de deuda. Si, en cambio, la Cámara determina una fórmula de pago que beneficia a los buitres en detrimento del 92,4 por ciento de los acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, Argentina ya anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Además, el país solicitó ante la Cámara de Apelaciones una revisión del fallo con sus trece miembros.

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