El derecho a la tierra

En la tierra propia y con los papeles

Son pequeños agricultores de Misiones, Mendoza, Chaco y La Rioja. La llamada ley veinteañal le otorga a la persona el derecho de quedarse con la tierra donde vive y cultiva. Agricultura espera incorporar otras 1000 familias este año.

El Gobierno les entregó a las familias recursos por casi seis millones de pesos.

 

Los conflictos sobre la tenencia de la tierra atraviesan la historia familiar de campesinos, pequeños agricultores y pueblos originarios. La llamada ley veinteañal, regulada por el Código Civil y Comercial, le otorga a una persona el derecho de quedarse con la tierra donde vive y cultiva. Esto es definido en la normativa, aunque en la práctica es más conflictivo. A través del Programa Nacional de Titulación de Tierras y Arraigo Rural, que depende del Ministerio de Agricultura, el Estado resolvió durante el año pasado la situación dominial de 500 familias de Misiones, Mendoza, Chaco y La Rioja. Además, a través de esa cartera entregó recursos por casi seis millones de pesos para que puedan financiar mensuras, obras de infraestructura, cerramientos, estudios geoeléctricos, perforación de pozos de agua y firmas de escrituras. Lo característico de estos casos es que ninguno estaba judicializado, lo que facilitó el accionar estatal. Agricultura espera incorporar otras 1000 familias este año.

El programa fue creado a partir de la resolución 449/2013 dictada por la Secretaría de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, que depende de Javier Rodríguez. El objetivo de esta política es “contribuir a la reducción de la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales de la Argentina” y resolver las situaciones conflictivas junto a los gobiernos provinciales y municipales. “Estas acciones tienen que analizarse en conjunto con la ley que puso límites a la extranjerización de la tierra. Primero se avanzó en ese sentido, ahora buscamos otorgarles derechos y seguridad jurídica a los pobladores rurales”, sostuvo a Página/12 Carla Seain, subsecretaria de Coordinación Política.

Misiones

• En el Departamento de San Pedro (Pozo Azul), el Estado financió la realización de mensuras y la firma de escrituras por 380.876 pesos a partir de los cuales 27 familias de pequeños productores que ocupan tierras privadas pudieron resolver su situación. En total fueron regularizadas 430 hectáreas divididas en 30 lotes.
• En el área conocida como Mojón Grande I, ubicada en el Departamento homónimo, 63 familias ocupaban tierras fiscales. A través del programa de regularización dominial, recibieron 1.158.735 pesos para financiar mensuras, la recuperación de vertientes, la perforación de pozos de agua y el fortalecimiento del autoconsumo. Las hectáreas regularizadas fueron 1853, divididas en 76 lotes, que también incluyó una reserva ecológica municipal y un cementerio.
• El proyecto Puerto Argentino II, sobre el Departamento de San Pedro, incluyó la regularización de 75 parcelas para 70 pequeños productores y 5 parcelas para los servicios municipales. En total se entregaron 660.000 pesos que cubrieron las escrituras, recuperación de vertientes y perforación de pozos sobre un total de 374 hectáreas.

Mendoza

• El proyecto Santa Rita regularizó la situación de 33 familias pertenecientes a la Agrupación Colonia Agropecuaria Santa Rita. Fueron 68 hectáreas ubicadas en tierras fiscales, donde también se regularizó una parcela para uso comunitario. En total, el Estado otorgó 640.000 pesos.
• En el Departamento de Lavalle, Agricultura otorgó 1.500.000 pesos para el proyecto La Estación Jacoli, que regularizó la situación de 29 productores y sus familias. Fueron 250 hectáreas sobre tierras fiscales ocupadas por la Asociación Campesinos de Cuyo.
• En el Departamento de Luján de Cuyo se regularizó la situación de 33 productores a los que se le entregó, a través de la Agrupación Unión Vecinal El Llano, 810.626 pesos, que sirvieron para financiar mensuras y obras de perforación.

Chaco

• El Proyecto Sausalito I incluyó a 320 familias de la comunidad Wichí, que ocupan un total de 1208 hectáreas. El Estado les otorgó a través de la Asociación Comunitaria Nuevo Amanecer 757.000 pesos destinados a financiar alambrado y obras de riego para uso agropecuario.

 http://www.pagina12.com.ar

Trashumancia

Por el uso ancestral
Por Darío Aranda

Una jueza determinó que un grupo indígena en Neuquén tiene derechos sobre un territorio a pesar de que un empresario posee el título de propiedad del lugar. Y negó el desalojo.

Un fallo de la Justicia de Neuquén determinó que la comunidad mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo tiene derechos sobre un territorio de veranada (que utilizan en primavera y verano), rechazó el pedido de desalojo realizado por un empresario (a pesar de que éste posee título de propiedad) y confirmó la supremacía de la legislación indígena por sobre el derecho privado. Es el primer fallo favorable a una comunidad indígena respecto de la práctica ancestral de trashumancia (trasladarse con los animales a distintas zona según la época del año). Comunidades mapuches y organizaciones campesinas exigen el cumplimiento de la legislación indígena y la sanción de una “ley integral de tierras” que contemple la trashumancia, un reordenamiento territorial y la función social de la tierra.

La trashumancia es una práctica ancestral que consiste en permanecer en tierras bajas durante el invierno y trasladarse (con los animales) a regiones altas, de mejores pasturas, en el verano (tierras de veranada). Cuando el otoño se aproxima, se vuelve a los campos de invernada y se reanuda el ciclo. El traslado puede durar hasta semanas. En el norte neuquino se multiplicaron en la última década los conflictos por tierras de veranada e invernada, y también por los caminos de arreo. Con el corrimiento del monocultivo de árboles hacia el norte neuquino, y con el avance de estancieros, campesinos y mapuches vieron cerrados los históricos caminos por donde circulaban cada verano y alambrados los ancestrales campos de veranada.

La comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió en enero de 2009 la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y, como todos los años, se instaló en el lugar con sus animales. El estanciero Pedro Duarte demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad (porque ésta no poseía personería jurídica).

El 9 de noviembre, la jueza de Zapala Gloria Martina rechazó el pedido de Duarte de recobrar la posesión del territorio, remarcó que la tierra de veranada se trataba de “posesión tradicional indígena” y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional y de Neuquén). “Concluyo en que la posesión ejercida por la comunidad mapuche merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas. Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado. Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de estos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica el fallo.

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que patrocinó a la comunidad mapuche, remarcó que la sentencia “es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en los que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas”.

El fallo de la jueza Martina afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscripto en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad indígena (es un derecho, no una obligación), recuerda la vigencia de la ley 26.160 (suspensión de desalojos) y reconoce la legitimidad de la posesión indígena sobre las tierras. “No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional”, sentencia la jueza de Zapala.

El denunciante, Pedro Duarte, es una persona pública en Neuquén. “Asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. Es conocido por sus sistemáticos rechazos a los hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como ‘colaborador’ de la dictadura militar. Gracias a esas influencias se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)”, denunció el Odhpi en su comunicado.

El caso de la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo no es una excepción. La comunidad mapuche Mañke, la Cooperativa Campesina y la Mesa Campesina de Loncopué actúan en conjunto para exigir que se respeten las “huellas de arreos” y los campos de veranada e invernada. Exigen, junto a otras comunidades, que la provincia tenga presente su opinión en la sanción de una “ley integral” de tierras. “La discusión sobre los callejones de arreo no puede ser pensada sin tener en cuenta el verdadero problema de fondo, la distribución, tenencia y uso de la tierra en Neuquén y la soberanía sobre los recursos naturales y bienes comunitarios”, remarcó Cintia Galetto, de la Cooperativa Campesina.

Fuente: Página/12

Tierra en Colombia

Arranca el diálogo de paz en Cuba

El Palacio de Convenciones de La Habana será el escenario de las conversaciones entre las FARC y el gobierno, que comenzarán con el primero de los puntos de la hoja de ruta: el problema de la tierra en Colombia.

El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrirán hoy en La Habana la negociación formal para llevar paz al país latinoamericano y poner fin a un conflicto armado que ya lleva medio siglo. Tras la instalación hace un mes de la mesa de diálogo en Oslo, Noruega, el arranque en Cuba de la segunda fase del proceso de paz estaba previsto para el 15 de noviembre, pero finalmente se pospuso por la extensión de los trabajos preparatorios para esas conversaciones. Aspectos logísticos y la participación de la sociedad civil colombiana en el proceso han sido algunos de los asuntos tratados por el gobierno y las FARC en encuentros preparatorios celebrados en La Habana desde el 6 de noviembre.

Uno de los mecanismos que canalizará la voz de la sociedad colombiana en estos diálogos será una página web en la que, además, las partes publicarán comunicados, documentos y convocatorias para las ruedas de prensa pertinentes que decidan celebrar. El Palacio de Convenciones de La Habana será el escenario de las conversaciones de fondo que comenzarán con el primero de los puntos de la hoja de ruta acordada para el diálogo: el problema de la tierra en Colombia.
Esa es precisamente la raíz del conflicto, en un país donde el 52 por ciento de la gran propiedad rural está en manos de un 1,15 por ciento de la población y donde el 32 por ciento de los 46 millones de colombianos vive en el campo. Según la agenda marcada en el Acuerdo general para el proceso de paz al que gobierno y guerrilla llegaron tras seis meses de conversaciones secretas en La Habana, el desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.
Las FARC defienden la necesidad de una verdadera reforma agraria en Colombia, que vaya más allá del derecho al suelo y a su titulación y consolide un derecho a la reapropiación colectiva, social, del territorio, como parte esencial del derecho a la vida. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió que el modelo económico y político del país no está en discusión en este proceso de paz, porque el objetivo es finalizar el conflicto, mientras que la guerrilla insiste en que el diálogo no debe confundirse con una capitulación por parte de la insurgencia.
Además de la tierra, la agenda del proceso incluye otros cuatro puntos: la entrega de las armas por parte del grupo guerrillero, la entrada de los rebeldes desmovilizados en la vida política, la solución al problema del narcotráfico y la reparación a las víctimas del conflicto.
La negociación para la paz llega sin que se haya declarado un alto el fuego en Colombia, pero en los últimos días las FARC se mostraron proclives a evaluar una tregua en Navidad, petición que ha partido de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) que lidera la senadora Piedad Córdoba.
Sin embargo, el gobierno colombiano rechaza esa tregua navideña por incoherente, según dijo recientemente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Así las cosas, en los diálogos de La Habana se verán las caras dos equipos liderados por el abogado liberal y ex vicepresidente Humberto de la Calle, en el caso de los representantes del gobierno, y por el número dos de las FARC, Luciano Marín Arango (alias “Iván Márquez”), en el lado de la guerrilla.
En el grupo de negociadores del gobierno figuran el también abogado y presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Luis Carlos Villegas, el filósofo y alto consejero para la paz, Sergio Jaramillo, el ex alto comisionado para la paz, Frank Pearl, y dos generales retirados: Jorge Enrique Mora (Ejército) y Oscar Naranjo (Policía).
 

El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle (cent.), y el resto de la delegación.

Imagen: EFE

Entre los delegados de las FARC destacan los nombres de Rodrigo Granda (alias “Ricardo Téllez”), Jesús Emilio Carvajalino (“Andrés París”) o Luis Alberto Albán (“Marco León Calarcá”). Se mantiene aún la incógnita sobre la participación de Juvenal Ricardo Ovidio Palmera, conocido como “Simón Trinidad”, que cumple en Estados Unidos una condena de 60 años de cárcel por secuestro. Las FARC confían en poder contar con Simón Trinidad en la mesa de diálogo e incluso en que Estados Unidos lo indulte. Sin embargo, ese país dice no haber recibido ninguna petición al respecto. Otro de los rostros del equipo insurgente que más expectativa despertó en las últimas semanas es el de Tanja Nijmeijer, guerrillera holandesa de las FARC que llegó a La Habana el 6 de noviembre y cuyo papel en las negociaciones no se ha revelado.

http://www.pagina12.com.ar